En la República Dominicana, la migración desde el vecino país de Haití y la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana siguen siendo asuntos críticos para los derechos humanos. Aunque estos temas suelen abordarse desde perspectivas de seguridad, empleo o flujo migratorio, es indispensable también examinarlos desde el prisma de la discriminación, del perfilamiento racial y del impacto específico para mujeres y niñas.
En este artículo abordamos las principales formas de vulneración, sus consecuencias, y qué implicaciones tiene para la salud, el bienestar y la dignidad humana.
Discriminación estructural y perfilamiento racial
La discriminación hacia los dominicanos de ascendencia haitiana y los migrantes haitianos está bien documentada como un fenómeno estructural en República Dominicana. Según Amnistía Internacional, la discriminación “seguía siendo generalizada y estructural, especialmente en relación con la población dominicana de ascendencia haitiana y la haitiana solicitante de asilo en busca de protección”.
Asimismo, el uso de perfilamiento racial para llevar a cabo operativos migratorios —por ejemplo, basados en el color de piel, el origen percibido o incluso ciertos rasgos físicos— es señalado como habitual.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también advierte sobre un “contexto de racismo y xenofobia histórica” en contra de personas haitianas o de ascendencia haitiana.
Esta discriminación tiene consecuencias directas en ámbitos como el acceso a la salud, la educación, la vivienda y los derechos civiles. Por ejemplo, personas con documentación dominicana, de ascendencia haitiana, informan que temen acudir a hospitales o centros educativos por miedo a redadas o a que su condición migratoria o racial sea objeto de vigilancia.
Redadas migratorias, uso excesivo de la fuerza y expulsiones colectivas
Más allá del perfilamiento racial, se han documentado operativos migratorios que ponen en riesgo los derechos humanos básicos. En múltiples informes se señala el uso excesivo de la fuerza durante redadas, detenciones sin orden judicial, allanamientos nocturnos y expulsiones colectivas.
Por ejemplo, un informe del periodo octubre 2024 – marzo 2025 documenta que más de 180 000 personas fueron deportadas del país, muchas veces sin evaluación individual de sus necesidades de protección, lo cual constituye una violación del principio de no-devolución (“non-refoulement”).
Estas prácticas agravan las vulnerabilidades, ya que al deportar sin evaluar la situación particular —como embarazo, menores, personas necesitadas de protección internacional— se exponen a las personas a graves riesgos en Haití, donde la crisis humanitaria es severa.
Impacto en mujeres y niñas
Las mujeres y niñas migrantes o de ascendencia haitiana enfrentan una doble vulnerabilidad: por su condición migratoria/étnica y por su género. Amnistía Internacional documentó que “los derechos de las mujeres y niñas fueron gravemente infringidos, incluyendo violencia de género y discriminación”.
En los operativos migratorios se han reportado casos de mujeres embarazadas, puérperas o recién madres que fueron detenidas o deportadas, e incluso una niña de 14 años que habría sido víctima de agresión sexual durante un operativo.
Estos hechos tienen implicaciones sanitarias muy graves: mujeres embarazadas pueden evitar acudir a controles de salud o al parto por temor a ser identificadas y deportadas; niñas y adolescentes migrantes pueden estar expuestas a explotación sexual o violencia en detención o camino al retorno.
Por tanto, no solo es un asunto de migración, sino de salud pública, de derechos reproductivos y de protección de la infancia.
Consecuencias para la salud y el bienestar
Desde la perspectiva de tu revista —enfocada en salud y bienestar— es clave reconocer que estas formas de discriminación y vulneración tienen efectos concretos:
- Acceso limitado a servicios de salud: el temor a ser rastreados o expulsados puede disuadir a migrantes o personas de ascendencia haitiana de acudir a centros de salud, lo que incrementa riesgos de enfermedades no atendidas, embarazos sin seguimiento, y complicaciones evitables.
- Educación y bienestar infantil: cuando niños nacidos en República Dominicana pero con ascendencia haitiana enfrentan estigmatización o apatridia, se limita su acceso pleno a educación y al desarrollo integral.
- Salud mental: vivir bajo el temor constante de la vigilancia, deportación o discriminación genera estrés crónico, ansiedad y efectos traumáticos, lo cual afecta la salud física y psicológica.
- Salud materno-infantil: el riesgo para mujeres embarazadas, puérperas o niñas migrantes es doble. La interrupción del seguimiento obstétrico, el parto en condiciones inseguras o el desplazamiento pueden incrementar la morbilidad y mortalidad materna y neonatal.
Qué se puede hacer: recomendaciones para el cambio
Para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y garantista, algunas recomendaciones clave son:
- Políticas migratorias con enfoque de derechos humanos: El Estado dominicano debe revisar sus políticas de migración y expulsión para asegurar que se cumpla el principio de no-discriminación, no-devolución y protección individual en cada caso.
- Eliminar el perfilamiento racial: Las autoridades deben garantizar que las operaciones migratorias no distingan por color de piel, origen percibido o estatus étnico. Este tipo de prácticas deben ser denunciadas, investigadas y sancionadas.
- Protección especial para mujeres y niñas: Se requiere que los protocolos de migración incluyan la protección de mujeres embarazadas, puérperas, niñas y adolescentes, asegurando que tengan acceso a atención médica, educación y acompañamiento psicosocial sin temor.
- Acceso pleno a servicios de salud y educación: El miedo a la deportación no debe ser una barrera para el acceso a servicios básicos. Instituciones de salud y educación deben funcionar sin discriminación, con mecanismos que garanticen la atención universal.
- Sensibilización y educación pública: Es imprescindible generar campañas que combatan el racismo, la xenofobia y la discriminación estructural. Incluir educación sobre ciudadanía, derechos humanos y convivencia intercultural.
- Fortalecimiento de la sociedad civil y acceso a justicia: Las personas que sufren discriminación o deportaciones injustas deben tener vías claras de denuncia, reparación y protección.
Conclusión
La relación entre migración, raza y derechos humanos en República Dominicana no puede verse solo como un problema de control de fronteras o de flujos laborales. Es también un asunto esencial de dignidad humana, de justicia social y de salud pública. Cuando personas dominicanas de ascendencia haitiana o migrantes haitianos enfrentan discriminación estructural, perfilamiento racial, redadas violentas o obtención mayoritaria de expulsiones sin derecho a protección, toda la sociedad pierde.
Desde la perspectiva de la salud y el bienestar —el foco de tu revista— es urgente reconocer que los efectos trascienden lo migratorio: se reflejan en el acceso a servicios, en la salud materno-infantil, en la salud mental, y en la calidad de vida de comunidades enteras.
Abordar estas vulneraciones requiere voluntad política, compromiso institucional, y una sociedad civil activa. Solo entonces se podrá construir una República Dominicana en la que todos los seres humanos, sin importar su origen, color de piel o condición migratoria, tengan los derechos fundamentales garantizados.
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