La creciente presencia de cigarrillos electrónicos (vapes) entre la juventud dominicana abre un debate crucial: ¿qué implicaciones tiene esta tendencia para la salud pública, las familias y el bienestar infantil y adolescente?
Conciencia y contradicción en el uso del vapeo
Un estudio reciente del Consejo Nacional de Drogas (CND) junto al IDEICE reveló que, aunque la mayoría de los estudiantes considera que el vapeo no es “normal”, una parte significativa lo usa: en Barahona, el 28,9 % lo hace de forma esporádica; en Santo Domingo, el porcentaje alcanza el 36,6 %. Curiosamente, entre los tutores, el consumo incluso es mayor: más del 89 % en ambas regiones lo consumen ocasionalmente.
Esto muestra una paradoja dolorosa: los jóvenes están conscientes del riesgo, pero lo ignoran; y muchos padres también usan vapes, lo que podría normalizar el hábito.
Riesgos claros sobre la salud pediátrica y mental
La evidencia científica y las organizaciones médicas advierten sobre los efectos nocivos del vapeo:
- La OPS y el Ministerio de Salud subrayan que tanto cigarrillos tradicionales como electrónicos son dañinos, pudiendo provocar cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y la nicotina impacta negativamente en el desarrollo del cerebro adolescente.
- La Sociedad Dominicana de Neumología respalda prohibiciones del vapeo en espacios públicos (como hizo la Alcaldía de Higüey), pues los vapores pueden contener nicotina, THC y carcinógenos.
- Médicos pediatras advierten que el vapeo puede causar síntomas como tos, sibilancias, náuseas, mareos, y su uso excesivo está ligado a casos graves de daño pulmonar (EVALI). Esta condición puede ser fatal y requiere atención médica urgente.
Iniciativas locales y necesidad de políticas robustas
El gobierno ya está actuando:
- El CND y el MINERD lanzaron una campaña piloto anti-vape dirigida a estudiantes, padres y tutores en 60 centros educativos de Barahona y Santo Domingo, con materiales visuales, dinámicas escolares y participación activa de la familia.
- Estudios previos confirman que la conciencia del riesgo no siempre reduce el consumo. Se recomienda involucrar a tutores, adaptar mensajes según la región, promover métodos entre pares y establecer monitoreo continuo.
- A nivel legislativo, hay un proyecto (aún no aprobado) que busca prohibir venta o publicidad de productos de vapeo a menores, y sancionar vendedores irresponsables con multas e incluso decomisos.
Debate social: ¿cómo avanzamos sin polarizar?
Este tema se presta a la reflexión y participación colectiva. Aquí algunas preguntas que pueden encender el debate:
- ¿Cómo influye el ejemplo de los tutores que vapean en la conducta de los adolescentes?
- ¿Basta con campañas escolares o se necesita una política nacional firme?
- ¿Cómo equilibrar la libertad individual con la protección de menores en contextos de salud pública?
- ¿Qué responsabilidad tienen los fabricantes, medios y redes sociales en atraer jóvenes hacia los sabores y diseños seductores?
Propuestas de acción para reforzar la protección infantil
- Fortalecer la formación en escuelas: orientadores, psicólogos y docentes capacitados para abordar el tema desde una perspectiva de salud integral.
- Campañas familiares: involucrar a padres, madres y tutores como agentes esenciales de prevención.
- Regulación efectiva: impulsar la aprobación del proyecto de ley y aplicar regulaciones claras sobre venta, promoción y aromas atractivos.
- Monitoreo constante: evaluar los resultados del piloto del CND y MINERD, ajustar estrategias y extenderlas si son efectivas.
- Apoyo clínico: fomentar intervenciones psicológicas o terapias para adolescentes que ya vapean, así como programas de cesación.
Conclusión neutral
El vapeo juvenil en República Dominicana es un reto complejo. Aunque muchos conocen sus riesgos, el uso persiste, abriendo grietas en la salud pública, la seguridad escolar y el bienestar infantil. Se están activando respuestas desde el gobierno, el sistema educativo y la salud, pero la implicación de la familia y el apoyo normativo son cruciales.
Este fenómeno interpela a toda la sociedad: padres, docentes, profesionales de salud y legisladores. En última instancia, el objetivo no es criminalizar, sino proteger el desarrollo de futuras generaciones y promover entornos saludables para crecer.
